EL SEGURO DEBE CUBRIR EL CIERRE DEL NEGOCIO POR COVID19

Muchos negocios tienen contratados, con diferentes aseguradoras, una póliza que les cubre la contingencia de “cierre o paralización de la actividad”, habitualmente, por plazos mensuales. Esta cobertura protege a esos negocios en el caso de que se vean obligados a mantener su negocio cerrado, por diversas circunstancias, si ello conlleva una pérdida de beneficios.

En el caso que analizamos aquí, una pizzería se vio obligada al cierre por las medidas gubernamentales que obligaban a la paralización del negocio, y, una vez solicitado a su aseguradora el pago de la indemnización contratada en el seguro, esta se opuso alegando que los gastos de paralización derivados de una resolución gubernativa ante una pandemia no estaban cubiertos por la póliza, puesto que dichas pérdidas estaban expresamente excluidas en las Condiciones Generales del Contrato de Seguro.

La cuestión ha sido finalmente resuelta en la Sentencia de fecha tres de febrero de 2021 de la Audiencia Provincial de Girona, en el sentido de estimar la petición de la pizzería, y condenar a la aseguradora al pago de la indemnización contratada.

En la Sentencia se hace un análisis de las cláusulas lesivas del derecho del asegurado, delimitadoras del riego asegurado, y de las cláusulas limitativas, resolviendo finalmente que

“…cuando en el condicionado general no se contempla expresamente el apartado «paralización por resolución gubernativa ante una pandemia», y ello se opone por la aseguradora al asegurado, nos hallamos ante una clara limitación de los derechos del asegurado en un contrato de adhesión, por lo que, su validez y oponibilidad vendría condicionada al cumplimiento de los específicos requisitos, de aparecer destacadas de modo especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito, del art. 3 LCS.”

Entiende la Audiencia de Girona que la exclusión del riesgo de paralización del negocio por la pandemia en el Condicionado General de la póliza debía reunir los requisitos del art. 3 de la Ley de Contrato de Seguro (L.C.S.), es decir, debía estar destacada de forma especial y aceptada específicamente y por escrito por el asegurado, situación esta que no se daba en el presente supuesto, por lo que concluye que tal exclusión no resulta aplicable.

A pesar de la estimación de la demanda, el Tribunal no impone las costas de la primera instancia a la aseguradora demandada porque entiende que “El tratarse de una primera sentencia que trata el tema de la cobertura en un contrato de seguro, de los efectos extraordinarios de la pandemia por COVID-19, junto a las dudas de derecho que pudieran surgir, como consecuencia a interpretaciones jurisprudenciales distintas a las ahora mantenidas, aconsejan la no imposición de costas de la primera instancia a la aseguradora.”

 

Juan Ignacio Manso García.

Tíber Abogados.

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